José Villarejo se ha vengado de El País desde Información sensible, diario digital propiedad de un abogado afín al "comisario sin comisaría". Este ha sido el famoso editorial publicado:
En estos días la opinión pública ha conocido las interioridades del Comisario Villarejo, así como los nombres de las empresas familiares. Además, se ha divulgado sin ningún respeto la identidad de los miembros de su familia, al margen de cualquier consideración y sin tener en cuenta que posiblemente se vulnerara la Ley de Protección de Datos. La excusa es que el comisario ya es un personaje público, pero esa circunstancia no sirve para ninguno de los componentes su entorno más íntimo y cercano.
Ante el asombro de la clase periodística, Javier Ayuso, para algunos un referente de la profesión, se había manchado de barro los zapatos bajando a la arena del periodismo intrépido llamado de investigación. Allí firmaba la historia de un “escándalo sin precedentes”: que un policía que realiza labores especiales en su corporación tenía “la desfachatez” de mantener una estructura empresarial cuando reingresó en el Cuerpo, tras diez años de excedencia voluntaria.
Este periódico, en otro tiempo serio y sin duda referente de la transición democrática de nuestro país, entiende que en su portada, con los máximos caracteres y durante varios días sucesivos, se deben publicar insistentemente las razones por las que un comisario de Policía tiene o no dinero, si solo contaba con un sueldo modesto de funcionario del Estado. Aunque quizás lo importante en este caso no sea tanto el mensaje como el mensajero.
La reunión
El referido Ayuso, junto con otro compañero, celebró una dilatada reunión de más de dos horas con el comisario, a petición de los periodistas. En dicho encuentro, como si una suerte de interrogatorio inquisitorial se tratara, el mando policial dio toda clase de explicaciones. Paradójicamente, los periodistas reconocieron que tanto en la Policía Judicial como en Información les habían confirmado que estas empresas habían sido usadas para fines policiales.
Cuando el Comisario pregunto qué interés periodístico tenía publicar dichos datos y por qué razón un miembro del CNI le había llamado antes -ofreciendo no publicar nada a cambio de que dejara de visitar a cierta persona vinculada con una alta personalidad del Estado- la única explicación a ello fue la “sospecha, aunque sin pruebas” de que el policía se había enriquecido vendiendo información a particulares.
Según fuentes próximas al comisario, éste no alcanza a comprender que un periódico tan serio como el de Ayuso pudiera publicar en portada una información basada en meras sospechas, cuando dicho medio siempre presume ante la competencia de que ellos solo publican cuando existe respaldo documental.
De izquierda a derecha, el periodista Javier Ayuso, la jefa de Gabinete de Vicepresidencia, María González Pico, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ex jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno.
Sin embargo, el único documento acreditativo de tan grave acusación, según lo esgrimido en el citado periódico para tal derroche de tipografía, es que todo lo había confirmado su fuente y amigo del CNI, al que Ayuso conocía de su época de Jefe del Gabinete de Prensa de la Casa Real, en donde tuvo que lidiar con varios asuntos que afectaron a la credibilidad de la Corona, como el Caso Nóos, la cacería de Botsuana o el salto a la luz pública de una tal Corinna.
(La identidad de esta supuesta fuente será omitida por estar protegida por la Ley de Secretos Oficiales, por lo que nos referiremos a él a partir de ahora con el nombre de Anselmo Cifuentes).
Según ha podido constatar este medio, se da la circunstancia de que Anselmo Cifuentes es el mismo personaje que convenció hasta la extenuación al Comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, de que Villarejo estaba detrás del 'Pequeño Nicolás'. Por tanto, había que incluirlo como fuera en algún informe para quemarlo. Y así se hizo.
Se da la circunstancia de que un periodista experimentado junto con un policía nada menos que responsable de la unidad de Asuntos Internos de la Policía se creen a pie juntillas un relato sin más comprobaciones, sin elemento probatorio alguno que respalde lo que les cuenta al oído el tal Anselmo Cifuentes. Se opta por la máxima de que “la realidad no te estropee un titular”.
Eso ha debido pensar este miércoles Ayuso cuando se ha encontrado la que para él ha supuesto una inconveniente noticia: el ministro de Interior realizaba unas declaraciones elogiando y resaltando la contribución de Villarejo a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Y es que, tras dos días de portadas inmisericordes (la del miércoles totalmente falsa, ya que no existe ninguna investigación de Asuntos Internos contra el Comisario, dato negado en la propia Dirección Adjunta Operativa a pesar de lo cual se decidió publicar), justo cuando el ministro hace un alegato positivo sobre los méritos de Villarejo, Ayuso entiende que en portada debe de salir mejor que en su día tuvo una sociedad en un paraíso fiscal.
Irresponsibilidad
Todas las fuentes expertas consultadas, que comprenden la importancia de las informaciones reveladas, opinan que la irresponsabilidad de Ayuso no es menor que la de quien le ha proporcionado los datos y, aún más grave, quien ha permitido su publicación. Con ello se ha puesto en riesgo total toda una estructura empresarial creada hace años para infiltrarse en el entorno etarra, gracias a lo cual se obtuvieron nucleares datos que permitieron debilitar en gran medida el entramado terrorista en Sudamérica.
No importa, por tanto, el hecho de que parte de esta base antiterrorista, hoy todavía activa -ETA sigue sin disolverse-, se queme con tal de que todo lo que se relacione con Villarejo sea conocido -y desactivado- para que nunca más vuelva la policía a atreverse a ”hacer la competencia” en asuntos que el reducto demanglanillos entiende que son exclusivos.
¿Cuál va a ser el paso siguiente? ¿Desvelar las identidades operativas falsas con las que el comisario ha actuado y, lo que es más grave, aún trabaja?.
¿Qué clase de garantía tiene un servidor del Estado, cuando una parte de su Gobierno filtra a un periodista datos que ponen en riesgo a él, a su familia y al equipo de colaboradores repartidos en todo el mundo? Y lo que es más alucinante, ¿actúa en contra de la labor que otro Ministerio está realizando en beneficio de todos los españoles?
¿Es todo este desatino fruto de las molestias que provocan las independientes denuncias que hace sobre los manejos de ciertas personas amparándose en prestigiosas instituciones? ¿o es por el cacareado argumento de que el díscolo comisario actúa sin control? Pero, ¿sin control de quién? ¿Acaso no informa siempre a sus superiores de los trabajos que realiza?
Negocios
Las recientes negociaciones que viene realizando Ayuso en nombre de su periódico -aprovechando los contactos de su antiguo trabajo- con la Jefa de Gabinete de una importante personalidad del Gobierno están orientadas a la continuidad de la financiación de dicho medio. Si se cerrara desaparecería un “importante pilar de este país”, una lógica que comparte el medio digital que aporta estas líneas y que por tanto apoya cualquier acción que tenga por fin que ningún periódico deje de publicar para beneficio de sus lectores.
Pero si esta solicitud es a cambio de controlar la información que pudiera poseer una prestigiosa pluma recientemente fichada por el propio Ayuso, ¿no deberían también servir para pedir que cesen la publicación de datos que comprometen unos trabajos que, de ser conocidos, sería algo así como colaborar con banda armada?.
En algún momento Ayuso deberá dejar a un lado su susceptibilidad herida por haberse sentido aprendiz de 'Charly' y retomar el talante de respeto institucionalque ya demostró, y al parecer con eficacia, cuando estuvo al frente del Gabinete de Prensa del Jefe del Estado. Alguien debería empezar a poner un poco de orden en su casa.
Los medios callan sobre el 11-M
En el undécimo aniversario sobre el 11-M, COPE y El Mundo miraron para otro lado y no conmemoraron la fecha con nuevas pesquisas seguidistas sobre las tesis conspiranoicas de Losantos y Ramírez, hoy decapitados en ambos medios tras las presiones financieras impulsadas por Rajoy.
La investigación sobre el 11-M quizás haya sido el mayor escándalo periodístico de nuestra democracia, ya que la derecha golpista no aceptaba los resultados democráticos que pusieron en el poder a Zapatero.
Pero ZP no acabó con ellos, ya que el leonés fue el Presidente más plural mediáticamente de la democracia, sino que fue el propio PP, que había ayudado a la conspiranoia desde el Congreso, el que pidió ambas cabezas. Y no lo hizo porque su apoyo sobre las ridículas tesis sobre el 11-M le costasen a Rajoy su segunda derrota, ya en 2008, sino porque ambos locutores se creyeron los amos del cotarro y quisieron tirar al gallego por el terraplén, colocando a su Esperanza Aguirre, que tanto mimaba a sus medios desde la capital con licencias y prebendas varias. En el undécimo aniversario habría que recordar a Zarzalejos, la última víctima del 11-M, que perdió su puesto al frente de ABC por las intolerables presiones de Esperanza Aguirre y la infame campaña de Losantos desde la radio de los obispos.
13 TV espera licencia del PP, tal y como adelantó Enrique de Diego hace dos años:
Según fuentes solventes, el responsable de las finanzas de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barriocanal negoció con el Partido Popular, a través de Esteban González Pons, la entrada de la Conferencia Episcopal como accionista mayoritario de 13TV.
Según fuentes contrastadas, Barriocanal se entrevistó con González Pons en la calle Génova para negociar qué recibiría a cambio de desestabilizar al anterior Consejo de Administración, inmerso en una ampliación de capitales, utilizando los fondos de la financiación de la Iglesia para adquirir el 51% de las acciones. González Pons prometió al hombre de las finanzas de la Conferencia Episcopal que se daría a 13TV una licencia nacional de TDT, cuestión que está en marcha dentro de los planes de reestructuración del mapa televisivo que ultima el Ministerio de Industria.
El Partido Popular estaba preocupado porque una nueva televisión independiente pudiera generar el caldo de cultivo y la influencia para el surgimiento de una alternativa católica al Partido Popular. En concreto, el Partido Popular estaba preocupado por la presencia en el accionariado de Rafael López Dïeguez, presidente del partido Alternativa Española, que se define como socialcristiano.
De esa manera, el pacto se estableció de forma que la Conferencia Episcopal se establecía como garante de que el PP fuera considerado aceptable para una conciencia católica e incluso como el partido de los católicos. De hecho, la línea editorial e informativa de 13TV, cuyo contenido religioso es muy escaso, por no decir nulo, pasó a identificarse por completo con el Partido Popular y sus intereses. Barriocanal y González Pons llegaron a negociar los nombres de los periodistas que responderían mejor a ese perfil.
La compra del 51% de las acciones representó un desembolso de 20 millones de euros obtenidos del sistema de financiación de la Iglesia. Otro 8% de las acciones son propiedad de la COPE. Uno de los socios que representa el 30% de las acciones, José María Mas, miembro del Opus Dei, actúa de testaferro de accionistas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que han sido acusados reiteradamente de corrupción, con intereses urbanísticos primados por la Generalitat valenciana. De esta manera, la Conferencia Episcopal no sólo sellaba un pacto oscuro con el Partido Popular sino también con sus sectores más corruptos.
Fernando Jiménez Barriocanal pertenece al movimiento neocatecumenal de Kiko Argüello.
Intereconomía estrena show
Intereconomía TV estrena este domingo a las nueve de la noche el espacio de entrevistas Blogger TV, Rafa Moreno y Leticia Fontán presentarán este nuevo show de entrevistas a bloggers populares, que se estrenará en televisión con una entrevista a Manuel Moreno, autor de Trecebits.
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