Ya era hora de que la legislación se adaptase de una vez por todas al mundo actual en materia de protección de propiedad intelectual. La nueva ley, que ha entrado en vigor este 1 de enero, ha provocado el cierre de miles de webs de enlaces que vivían de meter publicidad en unas páginas que enlazaban a contenido con derechos de autor.
Seguramente esta ley esté diseñada para salvaguardar los intereses de los intermediarios más que del propio autor en sí, pero es un buen comienzo de empezar a comprometer a cierta chusma que robaba con total impunidad. Algunos piratas, que ganan miles de euros a costa de editoriales, discográficas o productoras cinematográficas, tenían la cara dura de excusarse con que había que garantizar el derecho a la cultura de todos los españoles, cuando éstas acciones perseguían justo lo contrario; que en un futuro ningún productor quiera invertir ni una peseta en una película, que ninguna editorial quiera seguir apostando por proyectos literarios y que ninguna discográfica sobreviva al vendaval.
