El vídeo sexual de la masturbación de Noelia en Ordes



La Audiencia Provincial de A Coruña acoge desde este lunes un juicio contra dieciocho acusados para los que el fiscal pide penas de prisión y multa por haber divulgado e incluso vendido un vídeo, conseguido de manera ilícita, de una vecina masturbándose.

Los hechos se remontan a junio de 2004, cuando una vecina de Ordes "se grabó a sí misma con el ordenador en cuatro vídeos en los que aparecía masturbándose y con pinzas en los pezones" y que borró, pero no eliminó por completo, según detalla en su escrito la Fiscalía.

Después del verano, la mujer llevó este ordenador en el que habían sido grabados los vídeos a una tienda de informática, relata el Ministerio Fiscal, donde la persona que lo reparó supuestamente copió los archivos en discos, de los que entregó al menos dos, uno de forma casi inmediata y otro en julio de 2005 a otros dos acusados.

Estos mostraron los vídeos presuntamente a otras personas y facilitaron copias, mientras unos y otros iban de casa en casa para visionarlo, e incluso uno de los acusados habría vendido copias en la piscina de Ordes al precio de cinco euros.

Según la Fiscalía, el local de Protección Civil de la localidad fue, supuestamente, un lugar de visionado habitual de los archivos durante reuniones de voluntarios, a pesar de que ya se sabía que se trataba de una actividad ilícita.

Varios menores de edad también habrían visto y hecho circular los citados vídeos y otros acusados no sólo habrían intentado conseguirlo a través de internet, sino que uno lo subió a un dominio de vídeos pornográficos para que tuviese acceso quien quisiera.

"La grabación y conservación de imágenes la efectuaron sin su autorización (de la persona que sale en el vídeo) y la difusión de este material la realizaron con conocimiento e intención inequívoca del daño personal que podía generar", añade el fiscal. Por ello están acusados de presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos en todos los casos y en alguno también de provocación sexual.

El Ministerio Público pide para el principal acusado ocho años de cárcel, cuatro por cada uno de los dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, mientras que todos los demás merecen, a juicio de la Fiscalía, dos años de cárcel y una multa de 3.000 euros, además de varias indemnizaciones, mientras que los acusados de provocación sexual suman seis meses de petición de condena.